oteando el horizonte

La Junta de Andalucía aprobó el pasado 26 de mayo el Proyecto de Ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía. Como la vida, la reclamación social de efectividad del derecho a la vivienda se va abriendo camino poco a poco en el país. Hay normas legales ya en vigor que se refieren a ello en Navarra, lacónicamente, y en Cataluña. Hubo un Proyecto de Ley en la pasada legislatura en Euskadi tremendamente novedoso que decayó. Y ahora Andalucía se suma reforzando a quienes pensamos que el acceso a la vivienda, no necesariamente en propiedad, es una cuestión que no puede quedar íntegramente abandonada al mercado como no lo están la sanidad, la educación, los servicios sociales u otros ámbitos prestacionales esenciales para el desarrollo de la vida de los ciudadanos.
El mercado, por supuesto, es necesario, pero a la hora de dar satisfacción a determinadas necesidades fundamentales no es suficiente porque su lógica tendencia a llevar el beneficio a máximos acaba produciendo costes sociales y personales imposibles de asumir.

Ahora que la vivienda ya no parece funcionar como un activo de inversión resulta que va tomando cada vez más fuerza su percepción ciudadana como un recurso fundamental para el desarrollo de la vida en sociedad. Es un instrumento fundamental para la emancipación de los jóvenes, para la constitución de nuevas unidades familiares, para el desarrollo normal de una vida autónoma del hogar familiar y, a la postre, para generar nuevos hogares. Retrasar la edad de emancipación y, consecuentemente, la edad en la que se tienen hijos más allá, bastante más allá, de la treintena es una demencia social y produce efectos demográficos que pueden tener concretas y desastrosas consecuencias en el futuro y generar graves riesgos para la sostenibilidad del Estado del bienestar. ¿Es tan difícil que todo el mundo sea razonable en una cuestión tan importante? Parece que sí, y es que siempre hay unos pocos, los que más ganaban antes, dispuestos a cabalgar de nuevo.